Cómo el Estado venezolano convierte en delincuentes a quienes defienden los derechos humanos: el abogado que defiende y el periodista que informa, pero ambos denuncian.
Por JOSÉ VICENTE FARIA LABARCA, abogado y criminólogo.
En Venezuela, denunciar una violación de derechos humanos puede ser el comienzo de una condena. No por haber cometido un delito, sino por haberlo señalado. En el instante en que un abogado documenta una desaparición forzada, un periodista la publica o un ciudadano la denuncia, ese gesto legítimo enciende contra él una maquinaria diseñada para tratarlo como criminal. Defender derechos abre la puerta a la persecución, y esa puerta, una vez abierta, no vuelve a cerrarse.
Desde ese punto, la inocencia deja de proteger. El señalado puede no haber cometido delito alguno y aun así perder la libertad, el trabajo, los bienes y el nombre. Al Estado no le hace falta que sea culpable; le basta con decidir que lo sea. Y como el motivo real, haber defendido o denunciado, es un acto legítimo que no se puede castigar de frente, el poder lo disfraza: inventa un crimen ajeno y se lo cuelga encima. El terrorismo, la traición a la patria, el ocultamiento de armas, el narcotráfico no son la causa de la persecución. Son la máscara que la esconde.
Desde la mirada criminológica, lo que ocurre en Venezuela desde hace más de dos décadas no es una suma de errores judiciales ni el exceso de funcionarios sin formación. Para montar algo así hacen falta experiencia, método y tiempo. Es una construcción deliberada: al lado del Estado legal se levantó un segundo Estado que vigila, persigue e imputa delitos no cometidos. El jurista Ernst Fraenkel lo llamó el Estado dual, una fachada de legalidad que convive con un aparato de pura arbitrariedad, donde el segundo manda sobre la primera.
Por eso el cambio de gobierno de enero no tocó fondo. Con el interinato cambió la cabeza del poder, pero no la estructura que lo sostiene, por lo que la maquinaria de la injusticia sigue intacta y mucho peor en varios frentes.
Su lógica es siempre la misma. Primero, un poder judicial capturado, que dejó de ser independiente en 2004 y desde entonces no limita al poder sino que lo ejecuta. Es lo que Günther Jakobs llamó derecho penal del enemigo: el que no juzga a un infractor con derechos, sino que neutraliza a alguien a quien ya despojó de su condición de persona ante la ley. Después, el delito fabricado, escogido entre los más graves para destruir la reputación antes de cualquier sentencia, lo que Eugenio Raúl Zaffaroni describió como criminalización secundaria. Y al final, la destrucción total: la cárcel, el aislamiento, la defensa privada negada y, en muchos casos, la desaparición forzada, que siembra el terror en toda la sociedad bajo una forma malvada de control social. Cualquiera puede ser el próximo, haya hecho algo o no.
Ahí está la paradoja más oscura. Se acusa de terrorismo a quienes no cometieron acto terrorista alguno, mientras el aparato que los procesa ejerce un terror sistemático sobre la población. La acusación, en este modelo, no abre un juicio. Es ya el castigo.
Quien crea que todo esto terminó con los hechos del 3 de enero se equivoca. La Misión de la ONU advirtió en marzo que los patrones de represión persisten bajo la nueva administración, y mientras el gobierno celebra reuniones televisadas sobre el renacer de los derechos humanos, las detenciones de periodistas no se detienen. A los defensores excarcelados en enero, advirtió Amnistía Internacional, ni siquiera les retiraron los cargos. Cambió el envoltorio, no el contenido. Y la salida no es cosmética: no basta con indultar a algunos ni con cambiar el rostro del poder, hay que reinstitucionalizar la justicia y devolverle una independencia real.
Porque ese es el fondo del asunto. En un Estado de derecho, ser inocente basta para estar a salvo, y defender a otros es un oficio honorable. En la Venezuela de hoy, la inocencia no salva a nadie, y menos a quien la defiende en los demás. Cuando un país convierte el defender derechos en un crimen y el no haberlo cometido en un riesgo, ha hecho de la inocencia misma una forma de delito.
Faria Abogados es un despacho especializado en el análisis jurídico de situaciones complejas vinculadas a derechos, migración y protección internacional.
